Manifiesto por el Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las Mujeres Jóvenes

Con motivo del día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos, queremos volver a dejar claro nuestro más profundo rechazo a la Ley Orgánica 11/2015 de 21 de septiembre, que exige a las mujeres de 16 y 17 años el consentimiento de su/s tutor/es/as legales. Aunque el Gobierno del PP alega que la ley, tal como estaba anteriormente formulada, dejaba desprotegidas a estas mujeres, esto no se sostiene ya que, como los datos obtenidos por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ponen de manifiesto, en 2013 solo un solo un 12’38% no comunicó a sus padres la situación, alegando conflicto grave. La obligatoriedad de la comunicación de esta decisión pone en riesgo a las menores, que se ven ante el miedo, abocadas a un aborto clandestino, siendo esto, según la Organización Mundial de la Salud, una realidad que solo provoca más mortalidad, muriendo por esta causa 47.000 mujeres en el mundo. Los abortos clandestinos fueron reconocidos como una amenaza a la salud pública en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo que tuvo lugar en el Cairo en 1994. Se trata, además, de una violación de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que incluyen derechos humanos básicos, que han sido reconocidos por diferentes tratados y convenciones internacionales (La Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Derechos del Niño). Entre estos derechos incluidos están el derecho a la información y educación, que protege nuestro derecho a una educación sexual libre de estereotipos e imposiciones morales, el derecho a la vida, que incluye la prevención de la mortalidad por la falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, y Derecho al nivel más alto posible de salud, que entraña el derecho a tener acceso a servicios de salud de la calidad más alta posible, incluida la atención relativa a la salud sexual y reproductiva, teniendo en cuenta las circunstancias que puedan poner en riesgo el acceso a este derecho, como es el caso de conflicto familiar para las menores. Sin embargo, pese a todo ello, nuestro Gobierno es suspendido en materia de educación sexual por la Unión Europea, principal herramienta para evitar embarazos no deseados, y además atenta contra el derecho de las más jóvenes a decidir sobre su cuerpo, en contra de todos los datos y violando sus derechos.
¡Porque esto también es violencia machista, exigimos que se restaure el respeto al derecho de las mujeres de 16 y 17 años a decidir sobre su cuerpo sin tutelas!

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